En abril el Parlamento Europeo decidió parar el reloj y apoyar el aplazamiento de las fechas de aplicación de los nuevos requisitos sobre diligencia debida e información corporativa de sostenibilidad. La justificación oficial: simplificar la normativa y reforzar la competitividad de la UE. La realidad de fondo: mientras las agujas se detienen en Bruselas, la crisis social y climática sigue corriendo a toda velocidad.
¿Qué dices?
El 26 de febrero, la Comisión Europea presentó el paquete Ómnibus, con propuestas para racionalizar los requisitos de información en sostenibilidad. Entre ellas, la más comentada: la modificación de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que obliga a las compañía a revelar sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Transparencia y rendición de cuentas en modo obligatorio, aunque ahora con el botón de pausa presionado.
El paquete también toca otras normas clave: la Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad empresarial, para identificar y mitigar impactos negativos en derechos humanos y ambiente; el Reglamento de Taxonomía, la brújula de inversiones verdes; y el Mecanismo de ajuste en la frontera del carbono, que pone precio al carbono de productos importados para evitar la fuga de emisiones. En todos los casos, la música sigue sonando, aunque el ritmo se haya ralentizado.
¿Qué pasó el 3 de abril?
Ese día se aprobó el aplazamiento de dos años para el segundo y tercer grupo de empresas que debían entrar en la CSRD. En concreto: las grandes compañías con más de 250 empleados reportarán recién en 2028, y las PyMEs cotizadas lo harán en 2029. Las que ya estaban reportando bajo la Directiva y cotizan en bolsa, en cambio, no tienen prórroga: su reloj nunca se detuvo.
¿Y hay más pausas en camino?
Sí. Además de frenar los plazos, el paquete incluye una directiva en revisión que puede redefinir el alcance y contenido de los requisitos. Entre los cambios que se están debatiendo: limitar la CSRD a empresas de mayor tamaño, exigir solo garantía razonable en las auditorías, reducir puntos de información en las ESRS y lanzar un estándar voluntario para PyMEs (VSME). Eso sí, la doble materialidad no se toca: sigue siendo el corazón del marco, obligando a informar tanto sobre cómo la sostenibilidad afecta al negocio como sobre cómo el negocio impacta en las personas y el ambiente.
¿Buenas o malas noticias?
Depende de quién mire el reloj. Para algunas empresas, ganar tiempo es un alivio frente a la complejidad regulatoria y la presión competitiva global. Para otras, sin embargo, retrasar la transparencia es retroceder. La UE había logrado marcar el compás en sostenibilidad y frenar ahora puede diluir esa ventaja.
La historia muestra que la transparencia corporativa siempre termina imponiéndose: pasó con los informes financieros y pasará con la sostenibilidad.
Por eso, quienes aprovechen esta pausa no para descansar, sino para prepararse, llegarán con ventaja cuando vuelva a sonar el play. Porque, aunque Europa haya decidido parar el reloj, la crisis climática no se toma ni un segundo de descanso.
